A fin de ubicar adecuadamente el tema materia de exposición es necesario partir de una definición básica del significado de medio ambiente: “ es el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí , con el individuo y la comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia de ambos.
A partir de esta definición, es que podemos afirmar que la actividad minera, las labores mineras no afectan únicamente a uno u otro de los elementos del medio ambiente por separado, sino que afectan al conjunto de ellos, el impacto negativo o positivo sobre uno de ellos afectan a los demás y esta idea nos lleva a otro concepto importante: el ecosistema, al cual se le puede definir como “el sistema de relaciones de los seres vivos entre si y con su entorno, con el medio en el cual viven”.
Entonces, cuando se considera la explotación minera, es inexacto y peligroso reducirnos a la idea de que esta actividad económica solo afectará al suelo y al subsuelo en que se encuentran los yacimientos, afectará al medio ambiente y principalmente al hombre, a la población que ocupa el territorio.
Esa es la razón por la cual la población apurimeña tiene que tener claridad de lo que significa la explotación minera en su vida presente y futura; esto significa entonces que se debe asumir una posición excluyente frente a aquella? No, de lo que se trata es que entendiendo que su implementación acarrea impactos al medio ambiente estos no sean negativos para la población de esos territorios y solo positivos para las empresas mineras.
Obviamente los empresarios mineros logran millonarias utilidades con la extracción del recurso y el estado les otorga prerrogativas en atención a los ingresos que consigue vía el cobro de impuestos. Hasta allí es una lógica comprensible; pero la interrogante que se presenta es ¿y como se beneficia la población del territorio afectado? Todo termina aduciendo por ejemplo, que el beneficio del canon minero les beneficia directamente? O que se generan puestos de trabajo directos o indirectos?
Pues no, el problema no termina allí, allí se inicia, porque la naturaleza misma de la inversión minera no busca el desarrollo sostenible de las poblaciones de esos territorios, sino simplemente extraer los volúmenes mas grandes posibles de mineral básicamente bruto, para su exportación en atención a la demanda internacional y acumular las ganancias mas altas posibles, que es lo que en general vemos en los territorios bajo explotación y para ello cuenta con las políticas económicas implementadas por el estado y los gobiernos de turno que conciben a nuestro país como un productor de materias primas y un mercado de consumo de productos importados y para ello cuentan con una legislación que favorece y defiende esos intereses.
Lo que le interesa a la población es comprender claramente que el recurso minero es uno no renovable, que luego de agotados los yacimientos, los ingresos económicos vía impuestos u óbolos voluntarios aportados por las empresas, también desaparecerán y luego que pasará con la población de esos territorios ya degradados? Pues simplemente volverán a la miseria y al abandono.
Entonces la lucha por la conservación del medio ambiente no es solo un problema de la mera defensa de los ecosistemas, sino del presente y del futuro de las generaciones, y lo más importante, entenderlo como parte de su lucha por el bienestar económico, social y cultural. Eso significa que en el caso de los territorios de las comunidades campesinas que son un factor muy relevante en la sociedad apurimeña estas organizaciones debe luchar por tener una participación activa en el beneficio de sus recursos naturales, específicamente participar también en la administración de la gestión empresarial. Las formas societarias están contempladas en la ley general de comunidades campesinas y en esa dirección es obligatoria la centralización y organización de la población y de sus instituciones representativas para estar en las necesarias y adecuadas condiciones profesionales y técnicas para garantizar una participación y negociación a la altura que las circunstancias y objetivos lo demanden.
Como se ha señalado existe todo un sistema legal orientado a la promoción de la actividad minera que obviamente favorece a las grandes empresas mineras como resultado de la implementación del modelo económico y político del neoliberalismo que ha desregulado los factores de control y protección del medio ambiente (entendiendo a este como lo hemos definido al inicio de esta disertación), bajo la concepción de que es el mercado, la oferta y la demanda que regula las relaciones económicas sociales y políticas.
Un a participación organizada y directa de la población hará efectivo el respeto al medio ambiente y la garantía de la preservación de su desarrollo sostenible (presente y futuro) utilizando todos los resquicios legales a nuestro favor y que la política neoliberal los ha convertido en letra muerta siguiendo el esquema de contar formalmente con normatividad ambiental, pero no cumplirla (hecha la ley, hecha la trampa).
Esta situación así descrita necesariamente coloca la defensa medioambiental en el terreno político, es decir en la lucha por los intereses auténticos de la población. Es cierto de que cuando se aborden temas específicos como la discusión de convenios y negociaciones los temas técnicos y profesionales jugaran un papel muy importante y para ello es necesario organizarse lo mejor posible, para estar en condiciones de garantizar el bienestar económico social y cultural de los pueblos apurimeños en el presente y en el futuro.
Mayo del 2011
Luis Icochea Martel (abogado).
