3 de noviembre 2010.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) emitió un pronunciamiento en el que denuncia las iniciativas del gobierno peruano para bloquear la ley de consulta y entregar concesiones petroleras, mineras, madereras, aplicar mecanismos REDD y de servicios ambientales.
Asimismo, hace un llamado a la solidaridad internacional con sus propuestas y con la justa lucha de los pueblos indígenas.
El comunicado está dirigido especialmente al Poder Ejecutivo, Congreso, Banco Mundial, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y a los estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Pronunciamiento
Sin Territorios, Derechos y Consulta Indígenas no puede haber concesiones REDD, forestales, petroleras y de servicios ambientales.
A las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo
A los nuevos gobiernos regionales y candidatos presidenciales para el 2011
Al Banco Mundial, PNUD, CMNUCC y opinión pública nacional e internacional
Sospechosamente, el gobierno actual y sus aliados políticos y empresariales, luego de bloquear la ley de consulta a los pueblos indígenas, pretenden imponer decisiones que afectan la amazonía y los derechos de los pueblos indígenas, dejando a los nuevos gobiernos, central y regionales, mayores conflictos socio ambientales de los que ya existen. Se trata del reparto de tierras y bosques amazónicos a través de concesiones petroleras, madereras, turísticas, de REDD (mercado de carbono) y servicios ambientales; sobre las cuales hemos alcanzado alternativas al gobierno, que pasamos a resumir, llamando a evitar que un gobierno de salida, siembre vientos, que producirán tempestades para los nuevos gobiernos, central y regionales.
Saneamiento territorial de pueblos indígenas, para evitar conflictos de superposiciones
Las propuestas de ley forestal (proyecto 4141), de mercado de carbono (REDD) y servicios ambientales, amenazan con superponer “títulos habilitantes forestales” (concesiones madereras, plantaciones, de conservación, REDD, etc) en las áreas territoriales ocupadas y que están pendientes de atención por el Estado : Centenares de comunidades no reconocidas ni tituladas, que ocupan áreas solo como “posesionarias”. 347 comunidades reconocidas legalmente, pero que han sido desatendidas en su derecho a titulación territorial. Centenares de comunidades indígenas que necesitan ampliación de sus territorios porque fueron tituladas hace 40 años, y la población se ha multiplicado y la sobrevivencia está en peligro por la escasez de bienes naturales. Ocho reservas comunales, cuyos estudios han sido terminados, y que el estado desatiende en su reconocimiento : Napo Curaray, Tigre Corrientes, Chambira, Inuya-Tahuania, Tamaya Caco, Yurúa, Huimeki, Airo Pai. Cinco reservas territoriales para Pueblos en Aislamiento Voluntario o contacto inicial, cuyos estudios han sido terminados, y que el estado desatiende en su reconocimiento : Napo Tigre, Yavari Mirim, Tapiche Blanco Yaquerana, Sierra del Divisor Occidental, Cacataibo. Propuesta: Prohibir concesiones en áreas posesionadas por pueblos indígenas. Priorizar políticas y presupuesto público, central y regional, para los procesos de reconocimiento y titulación de comunidades; y exigimos la expedición de las resoluciones de reservas comunales y territoriales.
No a la discriminación y promoción de la autogestión forestal comunitaria
Se abunda en disposiciones para promover grandes concesiones forestales (madera, plantaciones, redd, turismo, etc) y unos pocos artículos superficiales sobre manejo forestal comunitario. Hay una discriminación estatal a favor del gran capital forestal, marginando a las comunidades, que debemos ser tratadas como el principal actor social forestal por los más de 12 millones de hás de bosques en nuestros territorios; y no como supuestos incapacitados, a quienes el proyecto induce a “tercerizar” los bosques, a favor de concesionarios o mafias de tala ilegal. Propuesta : a) Ratificar la vigencia de la R.J. 232-2006-INRENA por ser la única norma para el manejo forestal comunitario. b) Establecer “unidades de manejo forestal comunitario” dentro de las entidades estatales; con presupuestos para supervisión y promoción, equipamiento, capacitación, estudios de mercado; inclusión en el SNIP de las inversiones de los fondos municipales y regionales en la promoción del manejo forestal comunitario. Adecuación intercultural de la normativa de INRENA de sanciones sobre irregularidades forestales para ayudar a las comunidades a salir de las estructuras de la habilitación que el estado no puede modificar. Elaboración de una ley específica de promoción del manejo forestal comunitario.
Garantías efectivas para los derechos indígenas
En los tres procesos (ley forestal, REDD y servicios ambientales) falta incorporar la plena vigencia del Convenio 169 y la Declaración ONU sobre derechos de Pueblos Indígenas. El proyecto de ley forestal No. 4141-2009/PE, es contradictorio porque en la parte de sus principios se excluye las dos normas referidas, pero más adelante se hace referencia solamente a la consulta previa e informada del Convenio 169. Hay 10 artículos (77 al 86) sobre bosques en comunidades nativas, que no tendrían ningún respaldo ni referencia en la parte de principios de la ley ya que no se menciona al Convenio 169-OIT. En las políticas y contratos sobre REDD tampoco hay garantías efectivas sobre los derechos indígenas señalados. ¿ Los indígenas somos “menos” que las normas de biodiversidad o descentralización que si son mencionadas ?¿ En el fondo las comunidades importan poco y se les menciona por retórica ?. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario son tratados en el proyecto forestal de una manera poco responsable, ya que solo se pide a las empresas forestales unos simples documentos de “decir que van hacer” (protocolos) si se encuentran con ellos. En la tala ilegal influyen el abandono del estado, el racismo institucionalizado, la corrupción e impunidad de ciertos profesionales, autoridades y empresarios; y donde las víctimas son las comunidades por la destrucción de sus bosques. Eso empieza con la llamada “tercerización” por la cual el titular forestal puede contratar a un “tercero” para manejar el bosque como le dé la gana, porque las supervisiones llegan tarde o nunca, y el actual proyecto insiste en esa figura de la “tercerización”. Propuesta : a) Incorporar en dichos procesos el respeto de la R.L.26253-Convenio 169 de la OIT, y la Declaración ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. b) Retirar la posibilidad de la “tercerización”, o de “que los titulares de un título habilitante puedan ceder su posición a un tercero su posición contractual”; porque eso incentiva el manipuleo de contratos y guías forestales de la tala ilegal. c) Establecer zonas de prevención por donde existan posibilidades de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, a fin de que no ingresen a ellas las operaciones en los “títulos habilitantes forestales” (madereras, plantaciones, conservación, REDD).
Hacia un REDD Indígena” fuera de negociados del mercado de carbono
Hay una presión estatal, empresarial y ciertas ONGs para que los pueblos indígenas “respalden” a ciegas las políticas y proyectos REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación), con un discurso de promesas, sin analizar los conflictos que ha creado REDD en el mundo, referidos a desengaño de las comunidades por los escasos beneficios para ellas, y muy grandes para los intermediarios; barreras a sus formas de vida por el controlismo sobre los bosques; invasión de tierras por terceros para negociar contratos REDD; y también la inmoralidad de que las multinacionales sigan contaminando y destruyendo la tierra y amazonía y paguen migajas para que otros recojan la basura que producen. Ese “mercado de carbono” es otra cara del mismo sistema privatizador de la madre tierra que la ha llevado al borde del suicidio planetario.
La gestión territorial de los pueblos indígenas amazónicos ha demostrado su eficiencia para la conservación productiva de los bosques y sus servicios ecosistémicos (agua, clima, carbono, suelos, biodiversidad) por lo cual tenemos derecho a OTRAS formas de cooperación internacional, otro tipo de REDD, proponemos “REDD Indígena” que incluya: El pre-requisito de completar la titulación territorial pendiente de pueblos indígenas * Respeto y garantías de nuestros derechos priorizando en los acuerdos el convenio 169 y Declaración ONU * Fuera del mercado de carbono y se persista en la reducción de emisiones * Equidad y no “colonialidad” en la distribución de beneficios * Relación directa con los pueblos sin negocios de intermediarios * Capacitación y empoderamiento indígena en los temas del carbono * Pleno control del bosque por los pueblos * Exclusión de todo tipo de plantaciones de monocultivos. Llamamos a respaldar las propuestas de la COICA ante la COP 16 en Cancún respecto a REDD, las condiciones de principios, los derechos NUNCA negociables, los contratos REDD que deben ser prohibidos, entre otros.
Consulta previa e informada según acuerdo del congreso de mayo 2010
Las tres políticas públicas (forestal, REDD, servicios ambientales) deben ser sometidas a la “consulta previa e informada” para cumplir con la RL 26253 del Convenio 169-OIT. Se trata de consultas no de “audiencias informativas” ni “mesas de trabajo”, donde cada pueblo indígena tenga espacio para incorporar propuestas, lo cual implica información, discusión, negociación, y el tiempo y espacio suficientes. Lo más cercano a la consulta a cada Pueblo Indígena Amazónico sería efectuar consultas en cada una de las 63 federaciones indígenas locales asociadas en AIDESEP, donde asistan los líderes y lideresas de las comunidades sobre cuyos bosques se quiere legislar. Propuesta : Si hay tantos intereses para la “urgencia” de leyes forestal, servicios ambientales y proyectos REDD, demandamos la misma urgencia para ratificar la ley de consulta previa sobre pueblos indígenas, aprobada por el congreso nacional el 19 de mayo del 2010. La consulta debe basarse en los principios y procesos de la ley señalada anteriormente, lo cual pasa como mínimo por consultar, en las reuniones que fuesen necesarias, a cada una de las organizaciones locales (federaciones, centrales, consejos, etc) indígenas, que en el caso de AIDESEP constituyen 63 organizaciones asociadas.
¡ Llamamos a la solidaridad internacional con nuestras propuestas y con la justa lucha de los pueblos indígenas del río Marañón (Nauta) contra la contaminación petrolera, y los hermanos enjuiciados por defender la Madre Tierra !
Lima, 28 de octubre del 2010
Consejo Directivo de AIDESEP :
Presidente, Alberto Pizango Chota
Vice Presidenta, Daysi Zapata
Secretario, Saúl Puerta Peña:
Tesorero, Henderson Renjifo
Vocal, Walter Kategari
Organizaciones regionales de AIDESEP :
CORPI (Loreto) : Mamerto Maicúa Pérez
ORPIO (Loreto): Gabriel Paima
ORAU (Ucayali): Félix Rojas
ARPI (Selva Central): David Barboza
ORPIAN (Amazonas, Cajamarca): Cervando Puerta Peña
COMARU (Cusco): Walter Kategari
FENAMAD (Madre de Dios): Julio Pareja
CODEPISAM (San Martin): Juan de Dios Sangama Salas
Organizaciones locales de AIDESEP :
CARE (Río Ene): Ruth Buendía
FECONACO (Río Corrientes): Petronila Chumpi Rosales
OIRA (Atalaya): Daniel Marsano
ODECOFROC (Cenepa): Idelfonso Espejo Tiwi
